Conclusiones. Los contratos administrativos toman ese nombre por encontrarse regidos por normas de carácter público, plasmadas en el derecho administrativo. Podemos decir que este es una institución moderna dentro de nuestro derecho, receptor de las normas del Derecho Europeo Continental. El derecho administrativo fue concebido en sus orígenes como un conjunto de servicios públicos encaminados a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. La existencia del derecho administrativo, estuvo condicionada a las Revoluciones Libertarias del Siglo XIX, que cambiaron la forma que hasta esos tiempos eran dirigidos los gobiernos. El poder ya no se radica en manos de una sola persona, sino que es objeto de una división en donde se van asignando tareas y funciones a distintos estamentos representativos de la sociedad, entregándose así las tareas de dictar normas que regulan el actuar de la población y sus autoridades, otro grupo estará encargado de velar por el cumplimiento de dichas normas de conductas y finalmente existe otro grupo que se encarga de organizar la satisfacción de las necesidades de la población a través del desarrollo de medidas que busquen el bien común. A éste último grupo se le conoce como Administración y se rige por normas de carácter público que conocemos como Derecho Administrativo. En el desarrollo de éste trabajo, se ha manifestado de una manera reiterada la falta de un criterio uniforme en relación ha si los contratos que celebra la Administración, constituyen una figura contractual que se rige por normas de derecho público o por la ley común privada, en nuestro ordenamiento jurídico. Esta situación obedece a que los contratos administrativos no han logrado posesionarse como una institución jurídica clara con principios irrefutables y concretos. En otras legislaciones y ordenamientos jurídicos, se reconoce la existencia de estos contratos, acordes con su legislación, doctrina y jurisprudencia, situación que no es tan manifiesta en nuestro país. A pesar de no tener una aceptación unánime entre los tratadistas nacionales, no cabe duda alguna que estos contratos tienen plena aplicación, en las relaciones del Estado con los particulares, ya sea que respondan a principios propios o adaptados, cumplen actualmente un importante papel en las políticas nacionales, ligadas sobre todo a las materias de infraestructura e inversiones públicas. No nos cabe ninguna duda que la Administración, acude a la modalidad contractual, cada vez que necesita del apoyo de los particulares para cumplir sus fines públicos, orientados al bien común y satisfacción de las necesidades de la comunidad, en sus diversos aspectos. Los particulares comprometen sus recursos técnicos, financieros, intelectuales y humanos por medio de relaciones contractuales que los vinculan con la Administración. Los trabajos, obras o faenas que se encomiendan al particular, se financian, la mayoría de las veces, con fondos públicos. Dichos fondos deben invertirse al amparo de los resguardos de las normas de carácter público que, ponen al particular en una situación de subordinación frente al Estado, y, no por normas de carácter privados, que se inspiran en la igualdad de las partes y en relaciones de equilibrio. El ente Administrador siempre debe conservar ciertas prerrogativas, que le permitan el resguardo de su principal objeto, la búsqueda del bien común, pues aun existiendo una buena disposición de colaboración del particular, siempre sus intereses estarán encaminados a la satisfacción de los fines por ellos perseguidos. Por estos motivos, el Estado Administrador debe ocupar ampararse en normas de carácter público en la regulación de los contratos administrativos, determinando que estas normas son suficientes para inspirar estos contratos. De lo anteriormente expuesto es dable concluir lo siguiente: Uno) El contrato Administrativo como institución jurídica existe en el derecho actual, siendo reconocido abiertamente en algunas legislaciones, con regulaciones atingentes y desarrollo jurisprudencial, como la francesa y la española. En Chile a pesar de no existir una regulación orgánica vasta y jurisprudencia administrativa especifica al respecto, es indudable su existencia y celebración continua. Dos) Los Contratos Administrativos pueden verse como una técnica de colaboración que proporcionan los administrados, en el desarrollo de determinadas materias propias de los entes públicos, como son los suministros, la gestión de los servicios públicos, la construcción de obras públicas, la prestación de servicios profesionales, etcétera. Esto no significa, en ningún caso, la renuncia del Estado a sus atribuciones, de las cuales continúa titular, simplemente es asistido por los particulares. Tres) La Administración, al celebrar estos contratos, concurre con su voluntad y la del particular que resulta obligado. No se trata de una imposición de la autoridad, sino que es la manifestación libre y espontánea de su propia voluntad. No existe imposición alguna por parte del ente administrador, cada una de las obligaciones que impone el contrato son conocidas con anterioridad a la aceptación que realiza la parte contraria. Cuatro) Al hablar de Contrato Administrativo decimos que es aquel en que una de las partes es la administración, que se celebra con un fin inmediato y directo de carácter público, donde concurren ambas voluntades libremente, para la ejecución de un fin de estas características. Cinco) Por lo tanto los elementos de todo Contrato Administrativo son: La existencia de un acuerdo de voluntades, La concurrencia de la Administración como una de las partes, Que este acuerdo de voluntades genere obligaciones entre el contratista y la Administración, Que dicho acuerdo de voluntades se celebre para la satisfacción de un fin directo o inmediato de carácter público. Seis) Los rasgos más característicos de estas formas contractuales son: Hay una primacía de la voluntad de la administración por sobre la voluntad del particular, la cual se manifiesta en las condiciones del contrato. Son contratos solemnes. La regla general es que estos contratos se someten a un régimen concursal para su adjudicación. Se busca la participación del particular en la concreción de asuntos públicos, en virtud de sus méritos profesionales, otorgándoles justificación a su selección y a los montos que destine el Estado como pago al trabajo encomendado. Además de constituir resguardos para la administración, imprimen de transparencia el proceso selectivo y de contratación. En estos contratos se manifiesta el predominio de la administración en la etapa de ejecución, por guardarse prerrogativas propias de los órganos estatales, como son, el poder de control, poder de modificación unilateral del contrato, entre otras, manifestación expresa de su papel protector de los intereses públicos. En otros ordenamientos jurídicos, estos contratos se someten a legislaciones especiales, y sus controversias son resueltas por tribunales contenciosos administrativos. En Chile, todas las controversias entre las partes son resueltas por nuestros tribunales de fuero común. Es la única forma contractual que en nuestro derecho se reconoce la aplicación de la teoría de la imprevisión. En estos contratos se admiten causales de terminación que no son propias de la contratación civil, tales como la caducidad y la revocación, lo que le imprime un rasgo contractual público. Siete) Para constatar cuándo nos encontramos frente a un contrato administrativo, debemos reconocer los elementos copulativos que le imprimen dicha naturaleza: Que una de las partes sea una persona jurídica pública. La existencia en su regulación de cláusulas exorbitantes del derecho común. Que el objeto y fin del contrato sea el bien común o interés general de la comunidad. Ocho) Lo determinante en los contratos administrativos es que una de las partes sea un órgano de la administración del Estado, que se rija por normas de carácter público, y que busque la satisfacción de intereses generales. Nueve) Durante la celebración de los contratos administrativos, se deben cumplir distintas etapas y requisitos que son las que le otorgan solemnidad y transparencia a estas formas contractuales. Diez) La forma en virtud de la cual se busca al cocontratante es por medio del mecanismo de “licitación pública”, la que tiene por objeto garantizar los intereses del Estado y del particular desde la perspectiva de la transparencia e igualdad que imprime esta forma de adjudicación. Once) Las etapas que deben cumplirse en todo proceso licitatorio pueden ser anteriores a la licitación misma, como la petición y la presentación de propuestas, coetáneas a la propuesta, como la apertura, aceptación o rechazo de la misma y las posteriores a la propuesta que guardan relación con la formulación, celebración, aplicación y ejecución del contrato, como así mismo el término y entrega del trabajo encomendado en virtud de aquél. Doce) Los principales contratos administrativos, que se celebran en nuestro país son: el contrato de aprovisionamiento o suministros, el contrato de concesión de servicio público, el contrato de obra pública, sea este de construcción o de ejecución, y el contrato de consultoría o prestación de servicios profesionales. Trece) El contrato de consultoría o prestación de servicios profesionales, de tan notoria ocurrencia en los últimos tiempos, es aquel en que el particular ofrece sus servicios profesionales para la ejecución de proyectos, asesorías y estudios, en beneficio de la administración. Catorce) El contrato de consultoría o prestación de servicios profesionales, en nuestro ordenamiento jurídico, se manifiesta de dos formas: Cuando la administración celebra contratos a honorarios, para proveer cargos públicos, y cuando celebra el contrato de consultoría o prestación de servicios profesionales propiamente tal, los que están orientados a la realización de estudios y/o asesorías, siendo esta última forma contractual, en donde se ve más claramente las características de los contratos administrativos que fueron objeto de este trabajo. Quince) El contrato a honorarios: Es el mecanismo de prestación de servicios que tiene por objeto permitir a los jefes superiores de la administración, contar con la asesoría de especialistas en determinadas materias. Estos contratos están circunscritos a un objeto especial, recayendo sobre labores accidentales y cometidos específicos. Constituye una fórmula de empleo dentro de los organismos públicos, más no se considera un cargo público. Se rigen por las normas de sus respectivos contratos. Esta forma contractual permite el ingreso de nacionales o extranjeros, a prestar un servicio profesional en una institución pública, ampliando la provisión de personal profesional necesario en estos organismos, y que no pueden incorporarse a ellos, ya sea por falta de vacantes, recursos financieros permanentes o porque sus funciones se encuentran limitadas a proyectos específicos. Dieciséis) Contrato de consultoría o prestación de servicios profesionales propiamente tal: En Chile su fuente es reglamentaria, DS N°48 MOP de 28 de febrero de 1994, reglamento para la contratación de trabajos de consultoría. En virtud de este reglamento, se consagran los concursos públicos como mecanismos para la contratación de trabajos de consultoría. La consultoría es definida, por este reglamento, como todo estudio, proyecto o asesoría que se estime necesario o conveniente contratar, para el cumplimiento de sus objetivos. La fuente más directa de los contratos de consultoría la constituyen las bases del concurso. Estas se clasifican en bases administrativas y en términos de referencia, las que definen todos los aspectos necesarios para la ejecución del trabajo de consultoría. La forma de estos contratos puede ser a suma alzada, precios unitarios o tarifas profesionales. El consultor se encuentra obligado a prestar ciertas garantías, tales como la de seriedad de la oferta, o la de fiel cumplimiento del contrato. En virtud de este mecanismo, se resguardan los intereses del Estado. La solemnidad de estos contratos se manifiesta en sus distintas etapas. En la apertura, con la presencia de una comisión de apertura y el levantamiento de un acta que resume todo lo obrado en este acto. En la celebración del contrato, compuesto por los términos de referencia y bases, preguntas, consultas, respuestas y aclaraciones, como así mismo por la oferta del consultor. Y finalmente en la ejecución del contrato, en el cual el consultor debe emitir informes de avance del trabajo encomendado, dar las facilidades pertinentes para el control del mismo, y entregar el trabajo dentro de los plazos convenidos. Diecisiete) Como una forma de lograr una uniformidad y pertinencia de los distintos entes administrativos, en lo que dice relación a la contratación de consultorías públicas, durante el gobierno del Presidente de la República Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se le encargó a la Comisión de Auditoría Interna General de Gobierno la realización de un diagnóstico del uso de los contratos y licitaciones en el Sector Público. Esta función se realizó por dicha Comisión en los años 1996 y 1997, cuyos resultados se tradujeron en dos documentos que fueron analizados en este trabajo, y que, en términos generales, nos acotan lo siguiente: Examen del régimen de contratos y licitaciones en el Sector Público elaborado en 1996. Nueva política pública de contratos y licitaciones contenido en el instructivo 642 de 1996, “Examen integral de los procesos asociados a los contratos directos de bienes y servicios y adjudicación de licitaciones en el Sector Público”. Se realizaron talleres para examinar el proceso legal reglamentario y financiero que rigen los contratos y licitaciones. De este estudio se concluyó: La normativa reglamentaria es abundante e inorgánica. La falta de criterios financieros en la adquisición de bienes. La carencia de definición de los tipos de garantías. La existencia de demasiada discrecionalidad en los procesos de contratación. El control burocrático demora la ejecución y afecta la oportunidad y eficacia. Las recomendaciones que se elaboraron fueron las siguientes: Perfeccionamiento de la legislación vigente. Redefinir los controles previos a la contratación. Elaborar manuales. Redefinir los umbrales financieros. Privilegiar la licitación. Crear bases administrativas y técnicas de licitación tipo. Mantener mecanismos que faciliten la información y comunicación entre los diversos órganos estatales. Examen Integral del Uso de las Consultorías Externas por parte del Gobierno. Plan de Auditoría de Gobierno del año de 1997. Como consecuencia de este examen la Comisión de Auditoría Interna de Gobierno concluyó lo siguiente: La ausencia de normativa que regule la adjudicación y administración para las contrataciones de este tipo. La inexistencia de normas uniformes, no obstante se observan prácticas generales susceptibles de mejorar. Los umbrales financieros varían ampliamente, y, no hay planes de implementación de los resultados. En muchas ocasiones no se aplican las multas pactadas. La ausencia de registros de consultores. Se observa la falta de coordinación con los sistemas de evaluación y la ausencia de contraparte técnica. La falta de acceso a recursos alternativos. La no-existencia de mecanismos que verifiquen la utilidad que reporta la consultoría. Como consecuencia de las auditorías de los años 1996 y 1997, se emitió un Instructivo presidencial a todos los Ministerios, que en términos generales establece: La necesidad de definir el concepto de consultoría externa. La consultoría debe ser considerada como una herramienta, y su uso, ser evaluado de acuerdo a los requerimientos de cada sector. La consultoría, sólo deberá ser usada en ausencia de medios humanos y técnicos propios. Es fundamental la evaluación del producto recibido, tanto desde el punto de vista financiero como del objetivo perseguido. Se propende la difusión de los estudios realizados a través de la creación de bases de datos, que contenga la información de las consultorías. Dieciocho) Finalmente, quisiera manifestar la opinión de la memorista respecto a la existencia de estas formas contractuales en nuestro ordenamiento jurídico. A pesar que desde un punto de vista legal, doctrinario y jurisprudencial estricto, pudiese pensarse que estos contratos no tienen cabida en nuestro ordenamiento, los contratos administrativos se encuentran plenamente vigentes, su uso es cada vez más necesario y se ha ido manifestando con mayor fuerza en los últimos tiempos. El hecho, de la ausencia de un desarrollo uniforme en todos sus aspectos, no es para mí, una causal suficiente para negarles su existencia. Es una institución sui generis, que la Administración está tratando de ordenar e implementar con mayor pertinencia y regularidad. La muestra más clara, se encuentra en el desarrollo de los estudios realizados por la Comisión de Auditoría Interna General de Gobierno en los años 1996 y 1997. Nuestro desafío está, en reconocer los beneficios que esta técnica de colaboración de los particulares con el Estado puede brindar al desarrollo de nuestro país, aceptándola como forma contractual, con características propias, regidas por normas de carácter público, que buscan el bien de la comunidad nacional toda. Otorgarle un reconocimiento legal y un espacio en las cátedras y libros de derecho Administrativo, así como un desarrollo jurisprudencial capaz de reconocer sus diferencias de los contratos civiles, sería un gran paso hacia la modernidad del Estado. Me gustaría pensar que este trabajo, pudo contribuir a lograr este objetivo. jurídica del servicio público: el concesionario tiene la obligación de cumplir con las resoluciones de la autoridad en orden a mejorar las condiciones del servicio, siempre que con ello no altere las condiciones esenciales de la concesión.

La investigación forense es uno de los campos más en que el químico farmacéutico puede ejercer su profesión. El organismo dedicado a este tipo de investigación es el Servicio Médico Legal, institución dependiente del Ministerio de Justicia que tiene como misión asesorar a los Tribunales de Justicia y al Ministerio Público, en materias médico-legales, a través de la remisión de informes periciales: tanatológicos, psiquiátricos, clínicos, sexológicos y de laboratorio. La unidad de práctica optativa para optar al título de químico farmacéutico se desarrolló en esta institución pública, específicamente en el departamento de laboratorios de dicho servicio. El período de práctica tuvo una duración de 6 meses, como lo estipula el reglamento interno de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En una primera instancia se realizaron pasantías por cada una de las unidades de laboratorio: Alcoholemia, Bioquímica y Criminalística, Recepción de Muestras, Toxicología y Biología Molecular y ADN, posteriormente se trabajó en la implementación de un sistema informático para gestión de base de datos, en el laboratorio de toxicología. En la creación de esta aplicación intervino en forma directa el analista de sistemas y programador, químico farmacéutico Francisco Méndez Fuentes. El rol personal en el desarrollo de este proyecto fue el de analista funcional, trabajando en cooperación con el programador, orientando sobre los requerimientos del perito toxicólogo y las características a cumplir por la base de datos desarrollada. En la primera sección del presente trabajo se hace referencia a cada una de las unidades de laboratorio, continuando con la presentación de la base de datos implementada, resultados, discusiones y conclusiones generadas al respecto.

Existen dos aproximaciones al estudio de la adquisición de segundas lenguas : una de ellas considera que todos los aprendientes analizan el input y almacenan la información sobre la segunda lengua de una manera parecida, mientras que la otra sostiene que los aprendientes son distintos y que, en consecuencia, var¡an tanto la forma en que enfrentan el aprendizaje de una segunda lengua como lo que realmente logran aprender. Esta segunda aproximación, aquella que considera las diferencias individuales, es la que se ha adoptado en el presente trabajo.

En primer lugar, se estudió la importancia de la imagen relacionada con el texto, es decir, en libros ilustrados, educativos, etc; se hizo un análisis de los diferentes tipos de imágenes como guía para la utilización de éstas según los propósitos deseados, después se derivó a los temas de la imagen en la educación y, finalmente, a la ilustración en libros infantiles. Para poder conocer los intereses del público objetivo, se realizó un estudio de ellos, en donde se hizo hincapié en la conducta y en los cambios que va teniendo el niño a medida que va creciendo, mencionando sus intereses y sus capacidades. En la segunda parte de la investigación, se tomó otro rumbo, el de conocer más en profundidad los pueblos originarios del territorio de Chile con sus características. Sobre este tema, la información existente es muy abundante, por esta razón, lo descrito en esta tesis es un resumen. Además de estas descripciones, se añadió una explicación con respecto a los mitos y leyendas presente comúnmente en las culturas más antiguas, capítulo en el cual se menciona, además. la leyenda seleccionada a ilustrar. Finalmente, una recolección de imágenes que aportan al conocimiento de las personas y de las culturas de los pueblos originarios. Todo esto, con el fin de tener los recursos necesario s para poder manejar distintas variables y realizar un proyecto de valor cultural y estético. En esta parte de la investigación, el enfoque principal fueron los pueblos precolombinos y la importancia de su legado cultural a nuestra sociedad. Se abordó el tema de la conservación de dichas culturas y cual es el sentido de esta preservación en cuanto a lo que pueda significar para nuestra identidad, capítulo que aporta importantes bases al proyecto. A continuación y para mayor conocimiento de estas culturas, se hicieron dos estudios: el primero corresponde a una descripción del territorio chileno, dividido en seis zonas, cada una de las cuales posee características propias que influyeron fuertemente en el desarrollo de las culturas que ahí habitaron (se describe la zona del Norte Grande). El segundo estudio es ya el reconocimiento de los pueblos precolombinos, en particular, los Inka, en donde se describieron sus costumbres, maneras de vida, a ellos físicamente, etc. Es importante mencionar que dadas las dimensiones del proyecto, y la gran investigación que se hizo para realizarlo, se desarrollará uno de los seis tomos, correspondiente a la Zona Norte Grande de Chile, particularmente a la cultura Inka. Los otros temas que también corresponden al proyecto, pero que no se llevarán a cabo, es decir, las cinco zonas restantes del país y los otros pueblos originarios, serán tratados de manera más resumida, dando pauta a una posterior investigación, y una descripción de los detalles más representativos entre éstos.En cuanto a la etapa de investigación previa, se hizo referencia al pensamiento mitológico, a la importancia y al significado de estas narraciones, y al por qué de la presencia de ellas en la humanidad. Posteriormente se hizo una revisión de leyendas y mitos de la Zona Norte Grande, en especial de los Inka, en donde se hace un reconocimiento de los rasgos mas recurrentes entre ellos, las características de la naturaleza que eran más importantes para ellos, para luego ir haciendo relaciones entre estos relatos y las culturas. Por último, la leyenda seleccionada, citando el origen, se re-escribirá para acomodar el lenguaje al público objetivo, con ayuda de un especialista en el tema. En la etapa proyectual se darán a conocer distintos procesos y la justificación de las decisiones de diseño tomadas, usando referentes relacionados con el tema, y códigos visuales que aporten a la riqueza de la ilustración y la tipografía. Finalmente se presentará un estudio de precios y costos para la puesta en marcha del proyecto.

La presente memoria de titulo se enmarca en la acreditación del laboratorio de calidad de la madera de GCL Fundación Chile, institución encargada de certificar la calidad de productos de la madera cuyo destino son los exigentes mercados de América del Norte, Australia y Europa, como también brindar productos de calidad certificada al mercado nacional. Requisito fundamental para obtener la acreditación reconocida a nivel internacional del laboratorio, es tener implementado un sistema de gestión de calidad eficiente y factible de auditar bajo normas internacionales. El objetivo general de esta memoria fue proponer un sistema de gestión de calidad para el laboratorio basado en la norma internacional ISO 9001:2000 , enfocado a sus tres principales líneas de servicios: ensayos mecánicos para vigas laminadas, análisis y ensayos de puertas lisas y análisis químico de maderas impregnadas. Para desarrollar la propuesta del sistema de gestión de calidad primero se hizo un estudio de la norma ISO 9001:2000, sus requisitos y sus ocho principios fundamentales, dentro de los que destacan sus dos principales : Enfoque al cliente para aumentar su satisfacción y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Se llevó a cabo un estudio profundo de la información existente en el laboratorio referida a las actividades involucradas en los servicios prestados, tipo y frecuencia de éstos, procedimientos usados, tanto formales como informales, para poder crear el sistema de gestión de calidad para la acreditación bajo la norma ISO 9001:2000. La institución ante la que se desea obtener la acreditación es el Instituto Nacional de Normalización de Chile (INN). El autor de esta memoria primero desarrolló la función de analista al interior del laboratorio, investigando cada uno de los procesos administrativos y ensayos aplicados a las muestras, con lo que se logró la elaboración de los documentos de trabajo del sistema de gestión de calidad los que se clasifican en procedimientos e instructivos, tanto técnicos como administrativos del sistema además de los registros para éstos documentos. Sobre la base del trabajo desarrollado más algunos documentos existentes previamente en el laboratorio, fue creado el manual de gestión de calidad, el cual fue probado en la practica por el autor para comprobar el correcto funcionamiento de todas sus partes, ya sean procedimientos, instructivos o registros, brindando comodidad y seguridad en el manejo de la información además de dejar abierta la posibilidad de su mejora para el perfeccionamiento del sistema. El manual de gestión de calidad se presenta como el resultado concreto de la memoria de titulo y se anexa a ella. Se caracteriza por tener un nivel superior estratégico, donde destaca la política de calidad y directrices administrativas, un nivel táctico, donde se ubican los procedimientos técnicos y de manejo de la información, y un nivel operacional, compuesto por instructivos y registros. Como conclusión del trabajo se destaca la gran flexibilidad y solidez que otorga la norma ISO 9001:2000 como base para implementar sistemas de gestión de calidad, como es el del caso del laboratorio estudiado. La mayor fortaleza del manual de gestión de calidad está en el aseguramiento de la calidad en los procesos, pero debe ser enriquecido con herramientas de comunicación más directas con el cliente para aumentar su satisfacción con los servicios ofrecidos. Finalmente, se propone desarrollar a futuro un sistema de gestión ambiental y de seguridad laboral complementarios al sistema de gestión de calidad propuesto para el laboratorio, además de hacer un estudio económico y social de los costos y beneficios que esto implicaría.

Este trabajo tiene como objeto analizar el impacto que el comercio electrónico está teniendo sobre la tributación directa e indirecta y sobre la administración, fiscalización y cumplimiento impositivo en el entorno de las nuevas tecnologías de la información. Cabe reconocer que el comercio electrónico también afecta a otros ámbitos de la tributación, como por ejemplo, los tributos aduaneros y tributos como el impuesto de timbres y estampillas. Sin embargo, por lo vasto que podría llegar a ser el estudio global del tema y la necesidad de su acotamiento, este trabajo se limita a analizar exclusivamente las materias mencionadas.

El presente trabajo tiene por objeto definir la naturaleza jurídica, jerarquía y tutela constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a partir de su reconocimiento como derecho humano y, en particular, de su relación con las doctrinas contemporáneas que definen la evolución de estos últimos, y de su consagración en el artículo diecinueve número ocho de nuestra Constitución Política de la República.

INTRODUCCION. El actual sistema tributario chileno es el resultado de una serie de reformas profundas de la estructura y la administración tributaria, tanto de los impuestos directos, como indirectos, ocurridas a lo largo de los años, y en especial en las tres últimas décadas, reformas principalmente orientadas a corregir las ineficiencias detectadas en el sistema. Todo sistema tributario aspira a reunir y cumplir de la forma más perfecta posible ciertas características o atributos, que se han estimado por la doctrina tributaria internacional como un óptimo. Dentro de ellas se destacan cuatro respecto de las cuales existe consenso en cuanto a su importancia y necesidad. Suficiencia, característica que se refiere a la capacidad del sistema tributario para proveer los recursos necesarios para financiar el gasto público. Eficiencia, la cual consiste en que todo sistema tributario debiera promover y fortalecer los impuestos eficientes, es decir, impuestos que distorsionen lo menos posible las decisiones de los agentes económicos, o bien, en aquellos casos donde existen externalidades negativas, que apunten a corregirlas. Equidad, comprendiéndose dentro de ella dos aspectos: la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera, hace referencia a que los contribuyentes con el mismo nivel de riqueza deben pagar la misma cantidad de impuestos. La segunda, apunta a que mientras mayor sea la capacidad contributiva de una persona, mayores deben ser los impuestos que pague, como proporción a esta capacidad. Simplicidad, en la actualidad el sistema tributario debe buscar ser lo más simple posible, ello por variadas razones. La primera, porque los sistemas tributarios actuales son de autodeclaración, por lo que conviene que sean simples para facilitar la correcta declaración del contribuyente. La segunda, porque los sistemas complejos obligan a las personas y empresas a gastar más recursos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, los cuales en otras circunstancias podrían destinarse a actividades productivas. Y una tercera razón, es que los sistemas tributarios complejos facilitan la evasión y elusión del impuesto; como lo veremos a lo largo de este trabajo; con todos los efectos negativos que ello conlleva. El resultado de las reformas tributarias ocurridas en Chile, al menos en términos de comparación internacional, satisfacen en una buena medida los objetivos económicos y administrativos deseables de un sistema impositivo. No obstante esto, el sistema tributario chileno se encuentra lejos del óptimo deseado. Durante largos años se ha tratado de combatir estas deficiencias en el sistema tributario, que se traducen en definitiva en una menor recaudación fiscal, a través de la sanción de las conductas de evasión que adopta el contribuyente para evitar la carga tributaria. Sin embargo, y a pesar de este gran esfuerzo legislativo que se estaba haciendo, las estadísticas demostraban que la recaudación fiscal no aumentaba conforme a las nuevas medidas principalmente sancionatorias que se estaban aplicando. Este fenómeno no ha sido privativo de Chile, y ha surgido en la gran mayoría de los países. Evidentemente siendo nuestra historia mucho más breve que la de otros países; principalmente europeos; en la época que en nuestro país se empezaron a presentar estos problemas, en el viejo mundo ya se encontraban, sino solucionados, al menos identificados perfectamente, y en vías de solucionarse. En este análisis que la doctrina tributaria europea realizó de sus sistemas tributarios llegó a interesantes conclusiones, siendo la principal de ellas, que no toda fuga de recursos fiscales se genera por conductas evasivas del contribuyente, existiendo múltiples figuras que con los años se comenzaron a hacer muy frecuentes, y que no correspondían al patrón de evasión conocido hasta ese momento. Desde este punto de partida se entendió que no bastaba aplicar sanciones de tipo penal, ya sean pecuniarias o bien corporales, puesto que el contribuyente siempre se las ingeniaba para ponerse en situaciones o crear artificialmente escenarios que no se encontraban contemplados dentro de la conducta punitiva y que generaban el mismo objetivo, cual era no tributar. Es así como la doctrina tributaria europea logró identificar y distinguir, en algunos casos con bastante sutileza conceptual, diversas situaciones en las cuales el contribuyente, sin caer en una conducta sancionada punitivamente lograba su objetivo último, consistente en no pagar o bien disminuir la carga impositiva, siendo una de ellas la elusión. La elusión tributaria, a pesar de no ser un concepto nuevo en el campo del Derecho comparado, si lo es en la doctrina chilena, tanto es así que hasta la fecha en nuestro país ningún autor se ha preocupado de estudiar el tema con detenimiento, analizando su verdadero sentido, alcance y efectos en materia de Derecho Tributario, lo cual no deja de resultar curioso dado que en otros países como España, Italia, Alemania, e incluso Argentina, entre otros, llevan debatiendo sobre el tema más de cuarenta años. El por que de esta situación puede tener múltiples respuestas, pero la que nos parece más acertada es que por muchos años la doctrina tributaria chilena ha estado abocada al estudio de la evasión guiada quizás por la preocupación que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos y el legislador por evitar a toda costa la comisión de ilícitos que impliquen la evasión de los gravámenes fiscales, dejando un poco de lado otras figuras que sin ser ilícitas llevan al mismo resultado final cual es una menor recaudación por concepto de impuestos. Es así como en Chile existe un sinnúmero de estudios; tratados; tesis etcétera, que abordan el tema de la evasión y de los ilícitos tributarios, restringiendo una materia mucho más amplia, a una sola figura, que si bien es de suma importancia no agota las posibilidades del contribuyente para evitar el pago de los impuestos. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores; y en el entendido que el Derecho presenta manifestaciones que permiten considerarlo como una ciencia que desde su creación hasta su más completa aplicación, debe ofrecer una clara delimitación de las instituciones, categorías e instrumentos jurídicos, con el fin de que el sujeto pueda ordenar su conducta, sabiendo cual va a ser su tratamiento, resultado y efectos; es que en el presente trabajo trataremos de ofrecer, dentro del ámbito tributario, una clara barrera de distinción entre conductas, que al menos aún en Chile, suelen confundirse y tratarse de la misma forma. En la rica realidad práctica encontramos figuras que siendo parecidas responden a planteamientos y situaciones distintas. Así dentro del Derecho Tributario es posible distinguir entre conductas plenamente correctas, situaciones de fraude de ley, conductas de evasión y supuestos de elusión, configurando estos últimos el objetivo principal de este estudio. De esta forma, analizaremos el fenómeno de la elusión desde dos perspectivas distintas. La primera pone énfasis en los aspectos doctrinarios que posee esta figura, desentrañando cual es su verdadera acepción y contenido, distinguiéndola de otras conductas que aunque similares en cuanto a su forma, son distintas en cuanto a su esencia. Precisaremos su concepto, naturaleza, características y efectos, como asimismo los mecanismos existentes para combatirla del modo más eficaz posible y su tratamiento en algunas legislaciones comparadas. En la segunda parte de este trabajo, nos abocaremos al problema de la elusión en Chile, a través de una metodología sencilla, pragmática pero muy ilustrativa, cual es la identificación de las conductas elusivas que se encuentran reguladas principalmente en la Ley de la Renta, analizando los distintos artículos de esta normativa en los cuales se encuentra subyacente un problema de elusión que con ella se trata de evitar. Es bueno hacer presente desde ya que las figuras de elusión constituyen un fenómeno generalizado dentro del mundo del Derecho Tributario, no siendo en ningún caso privativas de una rama específica del mismo, como puede ser la tributación a la renta. Efectivamente, la elusión se presenta en todos los ámbitos del Derecho Tributario, es decir, tanto respecto de los impuestos directos como de los impuestos indirectos. Hemos querido en este trabajo sólo hacer hincapié en el fenómeno de la elusión desde el punto de vista de los impuestos directos, más que nada por una razón práctica, cual es que la gran mayoría de los trabajos existentes sobre la materia en la doctrina internacional, tratan a la elusión desde la perspectiva de esta clase de tributos, dentro de los cuales se encuentran los impuestos que gravan la renta de los contribuyentes, situación que facilita el traslado de este concepto nuevo en nuestra doctrina a la realidad tributaria chilena. Reconocemos en todo caso que el problema de la elusión es mucho más amplio que su circunscripción a los impuestos a la renta, afectando también otros tributos vitales para el financiamiento del presupuesto fiscal como es el IVA, pudiendo detectarse dentro de este impuesto áreas que se encuentran muy vulnerables a la elusión. De esta forma, dejamos abierta la posibilidad de continuar este estudio de la elusión en otros ámbitos del Derecho Tributario. Este trabajo es realizado con la conciencia de que se trata del punto de partida dentro de lo que es el estudio de la elusión y otras figuras afines en Chile, de manera que no pretendemos su agotamiento, sino que sólo dar inicio a lo que esperamos sea un debate mucho más acabado sobre este tema, y en el cual podamos seguir participando, ya que estamos plenamente convencidos que la riqueza del Derecho; considerado como una ciencia no exacta; se encuentra en la discusión de los planteamientos que con el tiempo van surgiendo de su propia dinámica y constante evolución. Es así como iniciamos este camino con la ilusión de ser un verdadero aporte en un momento en que el Derecho Tributario; debiendo responder a las necesidades y objetivos de un país que cada día crece más y cuenta con más necesidades públicas que se deben satisfacer con ingresos públicos; se encuentra en una etapa de cambios, en los cuales si realmente se quiere dar una solución de fondo a los conflictos por años planteados y que aparecen como insolubles en el corto plazo, es necesario tener en cuenta esta una nueva perspectiva que planteamos de la problemática de la resistencia del contribuyente frente al impuesto.

El trauma dentoalveolar (TDA) en niños y adolescentes se ha convertido en un problema de salud pública debido a su importante incidencia y a las graves secuelas que puede dejar. Dentro de las lesiones traumáticas una de las más graves y de peor pronóstico, aunque afortunadamente no la de mayor prevalencia, es la avulsión de piezas permanentes. Los estudios internacionales señalan que la avulsión de piezas permanentes jóvenes representa entre el 1 y 16% del total de los TDA (1, 2, 3). En nuestro país la frecuencia de avulsión se encuentra entre un 6 a un 7% (4), ocupando el cuarto lugar después de la fractura coronaria, la luxación extrusiva y la concusión . A lo largo de los años se han realizado distintas investigaciones dedicadas al tema de la avulsión en dientes permanentes jóvenes (6), hoy se sabe que el tratamiento indicado para ella es el reimplante de la pieza, sin embargo, aún no es posible predecir cuánto tiempo permanecerá ese diente en boca. El éxito del reimplante dentario depende de muchos factores, uno de los más significativos es el tiempo extra-oral, es decir, el tiempo que transcurre desde que se exarticula la pieza hasta que es reimplantada. Se ha visto que aquellas piezas sometidas a un mayor tiempo extra-oral son más propensas a desarrollar reabsorciones radiculares severas (6, 7, 8). Schatz y cols (9) determinaron como tiempo crítico extra-oral 1 hora y concluyeron que los dientes reimplantados en menos de 1 hora pueden obtener hasta un 67% de éxito. Otro factor relevante es el medio de conservación en que se mantiene la pieza, diversos estudios han determinado que tienen mejor pronóstico aquellos dientes que llegan en medios húmedos como leche o saliva en comparación a los que se guardan en medios secos (6, 7). El estado del desarrollo radicular constituye, al igual que los anteriores, un factor de importancia y es determinante al momento de definir las acciones a seguir después de reimplantada la pieza. También son importantes para establecer el pronóstico, factores como el tipo de fijación con que se deja al paciente, el tiempo que dura la inmovilización, la higiene y la asistencia a los controles. La conjugación de todos estos factores permite establecer un pronóstico relativo de la pieza, el que, generalmente, es grave debido a que después de un reimplante post avulsión traumática la mayoría de los casos presenta serias complicaciones. Las principales complicaciones que presentan los dientes reimplantados son la necrosis pulpar y la reabsorción radicular, siendo esta última la más grave porque el daño pulpar puede ser tratado mediante la terapia endodóntica pero la reabsorción de la raíz es una condición que lleva inevitablemente a la pérdida del diente. La reabsorción radicular se relaciona con el tipo de reparación o curación que experimenta el periodonto una vez que es reimplantada la pieza, lo ideal es que ocurra una curación con ligamento periodontal, es decir, que la mayor parte de las células periodontales se encuentren vitales y logren reinsertarse adecuadamente. Cuando esto no ocurre comienzan las complicaciones, y podemos estar en presencia de una reabsorción inflamatoria o una reabsorción por sustitución. La reabsorción inflamatoria se produce por una necrosis pulpar no tratada a tiempo, por lo tanto, es totalmente evitable si se realiza el tratamiento de endodoncia oportunamente. En cambio, en la reabsorción por sustitución existe un daño severo a nivel del ligamento periodontal y se observa como una fusión entre el hueso alveolar y la superficie radicular (4). Esta fusión es lo que conocemos como anquilosis y es de suma gravedad en pacientes que no han terminado su crecimiento y desarrollo porque la pieza reimplantada se va manifestando clínicamente como un diente en infraoclusión. En el largo plazo todas las piezas que presentan reabsorción por sustitución se perderán, unas antes que otras, y lamentablemente no es posible predecir cuáles lo harán primero. En cuanto a la frecuencia con que se presenta este tipo de reabsorción los estudios internacionales hablan de altos porcentajes. Andreasen (10) en un análisis de 400 dientes reimplantados observó que el 64% de ellos desarrolló reabsorción por sustitución, mientras que Donaldson (11), en un estudio de 84 dientes reimplantados observó reabsorción por sustitución en 54,7% de ellos. En Chile no existen publicaciones acerca de seguimientos a largo plazo de las piezas reimplantadas, por lo que no se conoce con exactitud cuántas de ellas presentan reabsorción por sustitución, he ahí el objetivo del presente trabajo de investigación, el que junto con tratar de establecer la frecuencia de la reabsorción por sustitución, pretende determinar otros aspectos relacionados al reimplante dentario como el tiempo de permanencia extra-oral, los medios de conservación en que llegan las piezas al Servicio de Urgencia, el tipo de ferulización que reciben los pacientes y el tiempo que estos permanecen en control.